Panamá es una de las jurisdicciones offshore más antiguas y consolidadas del mundo. El principio de territorialidad fiscal significa que las rentas obtenidas en el extranjero están completamente exentas en Panamá. La ley panameña de fundaciones de 1995, una de las más sólidas del mundo, permite constituir fundaciones privadas con una extraordinaria protección frente a acreedores y un alto grado de discreción.
¿Por qué Panamá para proteger tu patrimonio?
El sistema fiscal territorial de Panamá es uno de los más puros del mundo: las rentas extranjeras están completamente exentas, se transfieran o no a Panamá. La fundación privada panameña (Fundación de Interés Privado) ofrece una de las mayores protecciones frente a acreedores del mundo: los acreedores solo pueden impugnar el patrimonio de la fundación si demuestran que la aportación se hizo con intención fraudulenta, y la carga de la prueba recae en el acreedor. Panamá no es miembro de la UE, pero intercambia datos de cuentas según el estándar CRS de la OCDE desde 2018.
Fundación offshore en Panamá
Una fundación privada panameña es ideal para proteger el patrimonio financiero frente a acreedores, las consecuencias de un divorcio y las intervenciones del Estado, para transmitir el patrimonio entre generaciones sin impuesto de sucesiones, como estructura tenedora de participaciones, inmuebles y cuentas bancarias internacionales y para la gestión discreta del patrimonio familiar con un consejo fundacional de tu elección. El fundador puede ser a la vez beneficiario, una estructura que no es posible en muchas otras jurisdicciones.
Marco fiscal
Panamá no grava las rentas extranjeras. Las rentas locales están sujetas a un impuesto sobre la renta de hasta el 25 %. Sin impuesto sobre las ganancias de capital sobre las plusvalías extranjeras. Sin impuesto de sucesiones sobre el patrimonio situado en el extranjero. Con España existe un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en vigor desde el 25 de julio de 2011. Desde octubre de 2026, Panamá ya no figura en la lista negra de la UE a efectos fiscales, sino en su lista de vigilancia. Esto exige una estructuración cuidadosa.
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